Omar Montero, de 21 años, fue acusado del crimen del operario de CCC Enzo Mariani, ocurrido en marzo de 2019 durante un robo. El imputado, por un polémico fallo judicial, recuperó la libertad el 15 de enero de este año. Justo el día que cumplía tres meses de haber abandonado el calabozo en el que estuvo encerrado por nueve meses, quedó detenido por otro homicidio. Es el de Elías Robles, el joven que fue asesinado de un disparo en la cabeza en San Cayetano el viernes 10. En ambos casos, fue acusado de actuar con diferentes cómplices y de quedarse con los celulares de las víctimas.

El 18 de marzo de 2019, Mariani trabajaba en barrio Diza, al sur de la ciudad. Estaba sentado en la camioneta de la empresa cuando dos jóvenes, después de amenazarlo con un arma de fuego, le quitaron la billetera y su celular. Antes de escapar, y pese a que ya les había entregado sus pertenencias, los asaltantes le dispararon. Fue trasladado al hospital Padilla, donde falleció. Una semana después, luego de que la división Homicidios realizara varios allanamientos, Montero se entregó.

La fiscala Adriana Giannoni lo acusó como partícipe necesario del crimen y consiguió que se le dictara prisión preventiva por 18 meses. En octubre, pidió que el imputado fuera enjuiciado por homicidio. En medio del proceso, la Cámara de Apelaciones le redujo el plazo a nueve meses al considerar que era un plazo razonable para reunir las pruebas.

Mónica Pérez y José del Río, que representan a la familia de la víctima, y el juez natural de la causa, Raúl Cardozo, solicitaron al mismo tribunal que prorrogara la detención del acusado. Paralelamente, Alejandro Díeguez, defensor de Montero, pidió su cese de prisión, puesto que se habían vencido todos los plazos. El juez de feria, Marcelo Mendilaharzu, aceptó el planteo y recuperó la libertad.

Ya en febrero, la Cámara de Apelaciones decidió prorrogar la prisión preventiva en contra de Montero, pero su fallo quedó abstracto porque el imputado ya había quedado libre. Paradójicamente, el autor material del hecho, que es menor de edad, sigue detenido, a pesar de que las leyes son mucho más benévolas con los jóvenes que delinquen antes de cumplir los 18 años.

El otro caso

El viernes 10 de abril, Robles, casado y con una hija de dos años, estaba parado en la vereda de su casa, en San Cayetano. Una pareja de motochorros lo sorprendió cuando estaba grabando un audio de WhatsApp. Lo amenazaron con un arma para que les entregara el teléfono. Se resistió y le dispararon en la cabeza. Fue trasladado al Padilla, donde murió. La fiscala Giannoni acusó a Montero del crimen y logró que se le dictara una orden de captura. Los hombres de Homicidios, al mando de los comisarios Cristian Peralta y Diego Bernachi allanaron los mismos lugares y otra vez el sospechoso terminó entregándose. Su cómplice, un tal “El Cordobés”, sigue prófugo.

Diéguez señaló que a su defendido se lo está acusando injustamente de este hecho. “Lo involucraron en el crimen por dichos, no hay ninguna prueba en su contra. Ya solicité que se realizaran varias medidas para demostrar que él no tuvo ninguna participación. Tengo entendido que el autor ya se habría escapado”, agregó.

Unidas por el espanto

“Así es la Justicia en esta provincia. Por fallas como esta, hay gente en la calle sembrando muerte y dolor en las familias”, le dijo a LA GACETA Adriana Romero, madre de Robles. “Esta gente tiene un total desprecio por la vida y no puede estar libre. Por eso es urgente que se cambien las leyes. No bastó con una muerte, sino que ahora son dos. ¡Es un horror!”, aseguró espantada Adriana Mabel González, la esposa del operario de CCC.

La viuda de Mariani dijo que quedó espantada cuando se enteró de la detención de Montero. “Sabía que pasaría algo así”, dijo la mujer. Y su seguridad tuvo que ver con una situación que vivió en Tribunales. “En la audiencia que se hizo para ver si se le reducía la prisión preventiva a este imputado, el juez Pedicone pidió mi opinión. Le respondí que debería rechazar el planteo porque consideraba que era peligroso”, señaló Gómez, que en esos momentos no era querellante en la causa. “Por ese traspié, se convenció que debía asumir ese rol”, explicó la abogada que la representa.

La viuda gregó: “en otra sala escuché a Montero. Dijo un montón de cosas como que él era el sostén de la familia y que trabajaba. Era un San Expedito. Finalmente le redujeron la prisión preventiva. La fiscala, al enterarse, pidió que se le prorrogara por tres meses la prisión preventiva, pero Mendilaharzu no le hizo lugar. Me pregunto si ahora entienden a qué me refería cuando hablaba de una persona peligrosa, indicó.

Romero, la madre de Robles, no dejó de llorar durante la entrevista con LA GACETA. “Ya nada me va a devolver a mi hijo. Lo único que pretendo es que se haga Justicia, pero en serio. No vivo en Yerba Buena, sino en San Cayetano y no puede ser que el asesino de mi hijo haya estado en libertad cuando debería haber estado en la cárcel por el crimen de ese pobre trabajador. Es una generación que está perdida, que no sabe lo que es trabajar, quieren todo de arriba”, opinó.

La viuda de Mariani también estaba destruida anímicamente. “Espero que el juicio se haga lo más rápido posible para que se los condene. Si no se lo hace, lo más probable es que vuelva a quedar en libertad y terminé matando a otra persona. Esto no puede ser. ¡Qué hicimos como sociedad para merecer esto!”, concluyó.